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20 Jul 201818:29

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Albert Cañigueral (OuiShare): “No tiene sentido que los datos queden en manos del sector privado”

22 Mar 2018 — 04:57
A. Pijuán
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El cofundador de OuiShare y autor del blog ConsumoColaborativo considera que los consumidores deberían tener un mayor poder sobre sus propios datos y aboga por la colaboración entre la Administración Pública y las plataformas para hacer un mejor uso de estos.

Albert Cañigueral (OuiShare): “No tiene sentido que los datos queden en manos del sector privado”

Foto: Laia Albert.

 

Albert Cañigueral es miembro cofundador de la red OuiShare y fundador y editor principal del blog ConsumoColaborativo. Ingeniero de formación, se licenció en Ingeniería Multimedia en la Universitat Ramon Llull, e inició su trayectoria como técnico senior de márketing en Osmosys y en las oficinas de Taiwán de ADB. Cañigueral fundó ConsumoColaborativo en 2011 con el objetivo de acercarlo a la sociedad. Un año después, la comunidad OuiShare vio la luz.

 

Pregunta: Para que el lector se sitúe, ¿Uber es economía colaborativa?

Respuesta: Es un término tan difícil de definir y se ha pervertido tanto que desde hace un tiempo en mis presentaciones tacho la palabra economía colaborativa y pongo economía de plataformas. Las propias instituciones europeas han cambiado su lenguaje y, con el tema laboral y la regulación, han empezado a hablar de capitalismo y economía de plataformas. Se quiere dar a entender que estamos en un momento en el que se está cambiando la fábrica por las plataformas. Para saber si es más o menos colaborativo tenemos que inspeccionar con detalle el modelo de gobernanza interna, ver cómo tratan las externalidades negativas que pueda generar su actividad, qué ocurre con los datos… Existen plataformas totalmente orientadas al lucro, otras plataformas más responsables que son capaces de entender el ecosistema, otras con un carácter más social y muchas que no tienen ánimo de lucro.

 

P.: Entonces, ¿por qué se empezó hablando de economía colaborativa?

R.: En 2010, Rachel Botsman y Roo Rogers publicaron el libro Whats’s mine is yours: The rise of collaborative consumption. Esta publicación ayudó a poner orden en todo esto. Al principio había una perspectiva, un perfil de emprendedores, una serie de valores. Las posibilidades de producir otro tipo de economía estaban claras, aunque también había un punto de inocencia. De hecho, seis años después, Tom Slee publicó What’s yours is mine: Against the sharing economy, la crítica a la economía colaborativa.

 

P.: ¿Qué mecanismos pueden asegurar el crecimiento de esta parte más social?

R.: Lo interesante de la economía colaborativa o de plataformas es el impacto que ha tenido en muy poco tiempo. Hay que entender las herramientas de las que se dispone para escalar ideas y escalar impacto, y ponerlas a disposición de aquellos con un objetivo social. Creo que parte de la innovación que llegará próximamente estará relacionada con nuevos modelos de gobernanza y un uso más ético de las plataformas. Hasta ahora la innovación se ha centrado sobretodo en los modelos de negocio, no tanto en la empresa.

 

 

 

 

P.: Estamos viendo una gran concentración en algunos sectores como, por ejemplo, las plataformas de transporte. Al final, la competencia sigue quedado en mano de pocos. ¿Qué le aporta al consumidor?

R.: Precisamente por eso hay que escalar muy rápido y después hackear la herramienta, orientándola a otros intereses. Si hablamos de soberanía tecnológica, ¿qué sentido tiene que un potencial servicio de transporte, pseudo-público, dependa de los intereses de uno solo? Y en relación a los datos relacionados con la movilidad en la ciudad, ¿por qué no son un bien común? Hay que explorar a qué tipo de acuerdos puede llegar la Administración con estas plataformas en relación a estos datos. No tiene sentido que queden en manos del sector privado.

 

P.: Quien tiene los datos, tiene el poder. ¿Hasta qué punto el ciudadano puede revertir esta situación?

R.: Hay que ver a qué tipo de acuerdos se puede llegar. Es necesario ser exigente y no aceptar lo que está ocurriendo como la única situación posible, y empezar a definir cuáles de estos datos pertenecen a la gente y cuáles a las plataformas. También es importante dilucidar la capacidad que tienen los usuarios de ceder estos datos para diferentes propósitos. De hecho, ya hay normativas europeas en esta dirección. No hay que aceptar por defecto que los datos formen parte de las plataformas y no se puedan utilizar como un bien común. Para el territorio, cuantos más datos, más riqueza y más posibilidades.

 

P.: En su opinión, ¿cuál ha sido el principal cambio que ha provocado esta nueva economía?

R.: Para mí el principal ha sido el laboral. La vuelta de tuerca de la economía de plataformas ha sido el cambio en las relaciones laborales entre el empleador (la plataforma) y el empleado (el proveedor de servicios).

 

 

 

 

P.: Una de las consecuencias, entre otras, ha sido la precariedad laboral. ¿Identifica otros factores?

R.: La precariedad ha sido el más mediático, especialmente en el delivery. En este caso, se dan dos factores: uno es el diseño del servicio y el otro es el tema de los precios. Habría que ver si la gente está dispuesta a pagar más por estos servicios. Hay que ponerlo todo en valor. ¿Es precario? Sí. Pero es que el sector, ya de por sí, lo estaba. Ahora ha llegado una herramienta que ha acelerado el proceso. Y es importante hablarlo, porque hay un riesgo real y es necesario encontrar una forma de mitigarlo. Y, de nuevo, no tenemos porqué aceptarlo, hagamos las preguntas y busquemos las herramientas para cambiarlo. Una de las primeras medidas podría ser la representación colectiva, especialmente en un sector donde los proveedores de servicios están desagregados. Pero esto es sólo el principio del partido, estamos en el primer cuarto de hora.

 

P.: El Gobierno está empezando a regular la economía de plataformas, ¿qué responsabilidad tiene?

R.: Les ha explotado un poco en la cara. La relación entre el Gobierno y estas empresas ha pasado por distintas fases. Primero negó el auge de estas empresas y ahora el sector tradicional, que tiene buena relación con el Gobierno, está haciendo lobby para que lo frenen a base de reales decretos y juicios. Lo que hace falta es diálogo. El nivel de confrontación que ha habido en España entre las plataformas y el regulador es bastante único si se compara con otros países como Reino Unido, Francia o Latinoamérica. También hay que buscar mecanismos que permitan probar los diferentes modelos de negocio, como los sandbox. Y es necesario entender que, si la regulación sobre Internet es excesiva, aparecerán distintas formas de saltársela. El Gobierno ha de acompañar, no es una batalla.


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