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20 Sep 201908:14

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Cuenta atrás en Barcelona para desencallar el ‘punto muerto’ de la regulación de la movilidad compartida

04 Oct 2018 — 05:00
D. López
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El Ayuntamiento de Barcelona aún trabaja en el Plan de Movilidad Urbana (PMU) que permitirá a las empresas de servicios de sharing eléctrico plantearse operar en la ciudad. En paralelo, Madrid se ha convertido en el banco de pruebas de este tipo de actividad.

Cuenta atrás en Barcelona para desencallar el 'punto muerto' de la regulación de la movilidad compartida

 

Las empresas de movilidad compartida pican a la puerta de varias ciudades en las que quieren operar y no pueden. Madrid es el gran trampolín en España para los servicios de sharing eléctrico, dado el contexto jurídico que los posibilita, y Barcelona se presenta como el siguiente destino más próspero en el que adentrarse. ¿Qué falta? Más regulación en ambas ciudades para evitar los atajos legales que toman múltiples compañías de transporte alquilado para prestar sus servicios.

 

Actualmente, el consistorio barcelonés aún está en fase de preparación del Plan de Movilidad Urbana (PMU) 2019-2024. Durante este tiempo, las empresas del sector del transporte eléctrico compartido han estado debatiendo directamente con la administración local cuál sería el contexto idóneo que les permita operar en la zona. La misma situación se repite en las grandes capitales del país.

 

Es el caso de Emov, compañía de carsharing de Eysa y PSA Peugeot Citroën que opera en Madrid y Lisboa, que está atenta al marco que apruebe el Ayuntamiento de Barcelona para poder llevar su flota a la ciudad. Fuentes de la compañía explican a Kippel01 que el grupo está actualmente “en stand by” en la urbe catalana. “Estamos a la espera de que el consistorio defina cuál es el mejor escenario en el que pueden participar empresas privadas de carsharing”, destacan.

 

 

 

 

Desde Emov se muestran confiados en que el nuevo plan sea tramitado según lo previsto. Una vez ocurra eso, la empresa conocerá el contexto en el que las compañías podrán operar y en qué condiciones. Será a partir de entonces cuando la firma de carsharing evaluará si compensa adentrarse en Barcelona o no. Emov también está pendiente de los pasos que están realizando a este respecto las ciudades españolas más grandes, como Sevilla o Bilbao.

 

En ese sentido, ¿qué se espera del nuevo plan en Barcelona? “Se les pide la gestión de un aparcamiento eficaz y la posibilidad de que los coches eléctricos aparquen de manera gratuita”, señalan las fuentes. El contexto jurídico que posibilite ese contexto es clave. “Si no, sería inviable en términos económicos entrar a operar en la ciudad”, sentencian. Previsiblemente, el consistorio barcelonés tramitará la nueva normativa a finales de año.

 

En Madrid, el marco es más favorable para las compañías de coche compartido. Este verano, por ejemplo, las empresas de este sector fueron incorporadas en las autorizaciones de acceso a las Áreas de Prioridad Residencial (APR). Además, las cero emisiones de sus vehículos permiten al negocio del carsharing circular y aparcar en cualquiera de las zonas del Servicio de Estacionamiento Regulado.

 

 

 

 

Madrid se ha convertido en un banco de pruebas para esta clase de actividades. Las ventajas en circulación y estacionamiento ha sido una jugada de las administraciones para descongestionar el colapso que ocasiona el parque móvil actual. Precisamente, la obligación del ayuntamiento de atajar la contaminación se ha convertido en la trampilla por la que se ha adentrado el transporte ecológico de alquiler.

 

En el caso de las motos y las bicis, tanto Madrid como Barcelona pecan de falta de regulación, lo que ha permitido a estas compañías desplegar sus flotas sin tener que pagar licencia por uso del espacio público. Ello ha afectado directamente al paisaje de ambas ciudades, donde cientos de motos se aglomeran en las aceras y las bicicletas de alquiler privado copan los aparcamientos públicos.

 

Fuentes del sector señalan que existe la posibilidad de que el consistorio barcelonés cobre unas tasas a los operadores de servicios de movilidad compartida (coches, motos y bicicletas) por ocupar la vía pública. Se trataría de importes simbólicos, que en ningún caso supondrían un coste demasiado alto para estas empresas, pero que permitirían legalizar su actividad en la ciudad.

 

 

Los patinetes se quedan fuera del plan

El PMU 2019-2024 del Ayuntamiento de Barcelona contempla la regulación del transporte eléctrico compartido de coches, motos y bicicletas, pero no de patinetes. La administración local no incluye a estos aparatos, los llamados vehículos de movilidad urbana (VMU), en su futuro marco normativo, lo que trae de cabeza a aquellas empresas basadas en dicho modelo de negocio.

 

Barcelona reguló hace un año el uso de estos vehículos teniendo en mente a los turistas, justo en un contexto en el que ninguna compañía de sharing de patinetes había irrumpido aún en la ciudad. Ello provocó que, este verano, la start up de origen alemán Wind tuviese que retirar sus dispositivos de las calles de la capital catalana a petición de la administración local. Según el consistorio, las empresas de este tipo deben contar con un guía.

 

Fuentes del sector vinculadas a los patinetes indican que no esperan ninguna actuación próxima por parte del Ayuntamiento de Barcelona que regule su actividad. En ese contexto, las compañías de este tipo se ven obligadas a operar en zonas donde existe “un limbo legal”. En ese aspecto, las fuentes remarcan que sólo conseguirán prestar servicios de patinete compartido aquellas compañías que encuentren un “atajo” en la regulación.

 

Algo similar le ocurre a Lime, empresa en la que Uber y Alphabet invirtieron 335 millones de dólares el pasado julio. La compañía aterrizó en Madrid tras haber operado en ciudades europeas de la talla de París y Fránkfurt, y aprovechó la falta de una nueva normativa que contemplase al detalle su actividad para operar en la capital. 

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