La abogada general de la UE apoya la sentencia contra Google por prácticas anticompetitivas en Android
La lucha legal en Europa por prácticas anticompetitivas de Google en Android enfrenta un nuevoimpasse, reforzando la tensión en torno a las regulaciones tecnológicas.
El caso de la multa impuesta por la Unión Europea a Google por prácticas anticompetitivas relacionadas con Android enfrenta un nuevo revés en los tribunales. Juliane Kokott, abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), apoyó la decisión inicial del Tribunal de Primera Instancia, que determinó que Google abusó de su posición dominante en el mercado de Android para favorecer sus propios servicios, como la búsqueda y la publicidad.
La UE identificó en 2018 cuatro prácticas anticompetitivas: en primer lugar, condicionó la instalación de Google Play a la integración del buscador de Google; en segundo lugar, prohibió a los fabricantes de dispositivos vender Android sin los servicios de Google; en tercer lugar, exigió la preinstalación del navegador Chrome; y en cuarto lugar, pactó acuerdos de participación en ingresos con operadores móviles y fabricantes que solo utilizaban Google Search en ciertos modelos.
Estas acciones potenciaron la dominancia de Google en el mercado de búsqueda y publicidad, afectando la competencia en detrimento de otros rivales. Como consecuencia, en 2018 la Comisión Europea impuso a Google una multa récord de 4.340 millones €; esta se redujo a 4.120 millones € en 2022 tras apelaciones favorables a Google en algunos aspectos.
Sin embargo, la abogada general Kokott argumentó que los tribunales de la UE realizaron una evaluación adecuada sobre cómo la preinstalación de los servicios de Google restringe la competencia, y consideró infundadas las alegaciones de Google de que la comparación con un hipotético competidor más fuerte sería más apropiada. Además, reafirmó que no existen errores en la calificación de las conductas de Google como una infracción reiterada y continua.
De este modo, el caso continúa en proceso en el Tribunal de Justicia y, aunque la sentencia definitiva aún está por dictarse, la perspectiva para Google de reducir o evitar la multa de más de 4.120 millones € parece cada vez más distante, dada la postura firme de la abogada general y los precedentes jurisprudenciales que respaldan la decisión inicial de la UE.