La Administración Pública quiere ser un referente digital, pero reduce su inversión en TIC

Un estado de forma notable en digitalización y un gasto decreciente en tecnologías. Con estos contrastes se define a la Administración Pública española en el entorno digital, que el año pasado se codeó con los países europeos más avanzados en esta materia, pero al mismo tiempo rompió con la tendencia alcista de los últimos cuatro años en inversión en tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

España se sitúa en el grupo de territorios donde el nivel de digitalización de la Administración Pública está por encima de la media europea. Entre 2016 y 2017, el país demostró estar en forma en cuanto a orientación al usuario, transparencia, servicios electrónicos para uso transfronterizo y capacidades técnicas, de acuerdo con el estudio eGovernment Benchmark Report 2018 elaborado por Capgemini.

Concretamente, España anota un 90% de orientación al usuario, es decir, hasta qué punto la Administración ofrece información online sobre sus servicios y en qué medida el ciudadano los puede gestionar de manera electrónica. En este caso, el país se sitúa ocho puntos por encima de la media europea (82%). De acuerdo con Capgemini, un 0% hace referencia a un servicio totalmente offline, mientras que un 100% es uno completamente online.

España es uno de los países europeos que mejor informa vía online sobre sus servicios

La Administración Pública española también da el do de pecho en transparencia (73%), catorce puntos más que la media europea (59%). En este caso, no se trata del sentido de transparencia que se usa para referirse, por ejemplo, a la publicación de datos de la administración, como podrían ser salarios o gastos. Se refiere a la media en que la Administración es transparente respecto al proceso de prestación de un servicio, las responsabilidades y actuación y el uso de los datos personales.

Asimismo, España supera al conjunto europeo en los servicios electrónicos disponibles para uso transfronterizo para empresas en España (79% frente al 61%), que es la capacidad de acceder a servicios de un país desde otra nación europea. No ocurre lo mismo en el caso de los e-servicios disponibles para uso transfronterizo para particulares que se encuentran en España (22%), veintidós puntos por debajo de la media (59%).

En lo que a capacidades técnicas clave se refiere, España obtiene un 73% frente al 54% de la Unión Europea (UE). Aquí se tienen en consideración la disponibilidad o no de la identificación electrónica (eID), documentos electrónicos (eDocuments), vías de comunicación digitales entre las administraciones y los ciudadanos o empresas.

España destaca frente a la media europea en operaciones habituales de negocios, cambio de domicilio, la reclamación de pequeñas cuantías, la prestación de servicios vía digital para los negocios, estudios y la búsqueda de trabajo, mientras que se encuentra cercana a la media respecto a los asuntos vinculados a la propiedad y conducción de un automóvil y la vida familiar.

En su conjunto, España ocupa la undécima posición en oferta de servicios digitales en estos ámbitos, por debajo de Portugal y por encima de Alemania. Los países que ocupan los cinco primeros puestos son Malta, Dinamarca, Suecia, Estonia y Noruega.

El estado de forma de la Administración Pública española en clave digital contrasta la inversión en TIC de la Administración General del Estado. Esta alcanzó durante 2017 los 1.439 millones de euros, cifra que representa un decrecimiento del 9,5% frente a los 1.592 millones invertidos en 2016.

La Administración General del Estado gastó un 9,5% menos en TIC en 2017 en comparación con el año anterior

Se rompió, así, la tendencia alcista de los últimos cuatro años, situándose por debajo de 2015, según el informe Las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración del Estado publicado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Por otro lado, el gasto informático del Estado sobre el presupuesto total de la Administración en 2017 se situó en el 3,12%, coincidiendo con el valor medio de la serie temporal de los últimos años. Además, el gasto informático de todos los ministerios se redujo un 10,6% ese año, hasta 1.182 millones de euros.

HP se erigió el año pasado como el principal suministrador informático de la Administración española, superando a IBM gracias a su capacidad como proveedor tanto de servidores como de ordenadores personales. El grupo estadounidense se embolsó un total de 84,03 millones de euros gracias a los contratos con la Administración, es decir, casi un 10% de la inversión total del Gobierno en informática en 2017. IBM, que se mantuvo como el principal suministrador de software, ingresó unos 60,22 millones de euros, mientras que Indra tuvo acceso a contratos valorados en 35,8 millones, especialmente por su oferta de servicios informáticos.

Son cada vez más el número de empresas que interactúa con la Administración Pública a través de Internet. En 2016, el 92,5% de las empresas de diez o más empleados había hecho uso de alguno de los servicios de la administración electrónica, un 1,2% más, de acuerdo con el informe e-Pyme 2017 elaborado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Ontsi).