Airbnb explora nuevas opciones y lanza el pago a plazos
La plataforma estadounidense ha impuesto condiciones para el pago fraccionado, como que el importe total debe ser superior a 250 dólares o que la reserva debe realizarse como mínimo con dos semanas de antelación.
Airbnb amplía las opciones de pago por su servicio. La empresa estadounidense ha lanzado una nueva función de pago más flexible que consiste en el ingreso del importe en dos plazos: uno cuando el usuario hace la reserva y otro antes de realizar el check in. De este modo, los clientes de la plataforma no estarán obligados pagar el importe total de su reserva desde el primer momento.
Para poder realizar un pago fraccionado, Airbnb ha impuesto algunas condiciones. La más destacada es que el importe total del pago debe ser de más de 250 dólares, una cifra que apunta a mantenerse intacta en su conversión a euros. Además, la reserva debe realizarse como mínimo con dos semanas de antelación.
La estrategia de Airbnb supone también una oportunidad de incrementar sus ingresos. Los huéspedes suelen gastar más en su alojamiento cuando pueden fraccionar el pago que cuando se ven obligados a pagar el importe total de primeras, tal y como han apuntado algunos expertos.
Airbnb fue expedientada el pasado diciembre por el Gobierno de las Islas Baleares por ofertar pisos presuntamente ilegales
Mientras tanto, la compañía digital continúa envuelta en polémica tras las numerosas acusaciones de alquiler turístico ilícito. En diciembre del pasado año, Airbnb y Tripadvisor fueron expedientadas por el Gobierno autonómico de las Islas Baleares por ofertar pisos de alquiler turístico presuntamente ilegales. La empresa estadounidense vivió una situación similar en Barcelona al verse instada a retirar 2.500 anuncios.
Asimismo, Airbnb está ahora obligada, junto a otras plataformas como HomeAway o Wimdu, a enviar a la Agencia Tributaria la información relativa a los propietarios de las viviendas o habitaciones arrendadas, los clientes y el importe pagado. La medida, que sirve de prevención ante el fraude fiscal, fue aprobada por el Consejo de Ministros la última semana de 2017.
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