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El diario del negocio digital y las tecnologías del futuro

17 Nov 201911:59

h Empresa

2018, el año en que el modelo laboral puso en jaque a Glovo y Deliveroo

17 Dic 2018 — 04:57
A. Pijuán
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Tras varios años de actividad en el mercado español, el Gobierno ha decidido mover ficha ante la presunta irregularidad laboral en la que trabajan los repartidores de estas plataformas, lo que ha generado un debate en torno a si sus colaboradores son autónomos o falsos autónomos.

2018, el año en que el modelo laboral puso en jaque a Glovo y Deliveroo

 

Falsos autónomos en Barcelona, autónomos en Madrid, falsos autónomos en Zaragoza, Glovo sí, Deliveroo no… Las dudas sobre el modelo laboral de plataformas como Glovo, Deliveroo y Uber Eats siguen sin despejarse a cierre de 2018. En los últimos doce meses, el debate sobre si los repartidores que trabajan para dichas empresas son autónomos o falsos autónomos se ha intensificado, especialmente tras conocerse las primeras sentencias relativas a esta cuestión.

 

Tal ha sido la importancia del asunto que no sólo ha seguido su curso en los tribunales, sino que el propio Gobierno español ha movido ficha para intentar regular esta situación laboral con un paquete de medidas dirigidas, sobre todo, a aumentar la vigilancia sobre este tipo de empresas.

 

En paralelo a ello, el negocio de Glovo, Uber Eats y Deliveroo ha continuado recibiendo el apoyo de los inversores, con operaciones como el cierre de una ronda de financiación de 115 millones por parte de Glovo (que elevó su valoración a 300 millones) o la ronda de Deliveroo, con la que captó 957 millones de dólares (842 millones de euros al tipo de cambio actual). En el caso de Uber, tanto Morgan Stanley como Goldman Sachs han valorado su negocio de reparto de comida a domicilio, Uber Eats, por encima de 20.000 millones de dólares (17.616 millones de euros al tipo de cambio actual).

 

 

 

 

El interés que han suscitado este tipo de negocios no es menor, y en un futuro podría continuar creciendo a medida que cada una vaya consolidándose en una serie de mercados. La jugada del Gobierno, por tanto, no es baladí, dado que podría condicionar por completo el futuro de estas plataformas en España en función de hacia donde se decante la balanza: autónomo o falso autónomo.

 

Las primeras sentencias han dado una de cal y una de arena para las plataformas. El pasado septiembre, un juzgado en primera instancia de Madrid concedía la primera victoria a Glovo al sentenciar tras una demanda de un particular que los repartidores que trabajan con su plataforma no son falsos autónomos. Pocas horas antes, la Corte Suprema de Milán ya había validado el modelo de Glovo.

 

La sentencia fue un soplo de aire para la compañía española, que en 2016 ya había pasado con éxito una primera inspección de trabajo en Barcelona. La decisión del juzgado de Madrid, además, dio un voto de confianza a Glovo tras conocerse el resultado de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza en julio.

 

Al considerar que existían hasta 326 falsos autónomos de la empresa en la capital maña, el organismo reclama a la compañía 379.963,09 euros en concepto de cotizaciones sociales no pagadas. Actualmente, la decisión sobre este asunto está en los tribunales. Cabrá también ver cómo influye la primera sentencia favorable en España al modelo de Glovo con la demanda interpuesta en agosto por UGT. El sindicato presentó una demanda de conflicto colectivo contra Glovo que se revolverá en la Audiencia Nacional en los próximos meses.

 

 

 

 

Y mientras Glovo salía airoso en Madrid con una sentencia favorable bajo el brazo, la británica Deliveroo se encontraba con una situación totalmente contraria. En junio, la titular del juzgado número 6 de lo Social de Valencia le dio la razón a un ex repartidor de Deliveroo al considerarlo falso autónomo.

 

La magistrada tomó la decisión a partir de las conclusiones de la Inspección de Trabajo de Valencia. En un primer momento, Deliveroo recurrió a la sentencia del juzgado de Valencia, aunque pocas semanas después asumió el fallo y retiró el recurso. Tan solo un mes después, en julio, la Inspección de Trabajo de Barcelona le asestó otro golpe a la plataforma británica al exigirle el pago de 1,3 millones de euros por cuotas y recargos no pagados a ciertos de repartidores a los que consideró falsos autónomos.

 

A esta inspección se suma la de Madrid. En principio, hoy debería celebrase la vista en el Juzgado de lo Social 19 de Madrid en relación a la sanción impuesta a Deliveroo por la Inspección de Trabajo en la capital en enero. Finalmente, la vista se ha aplazado al 31 de mayo tras la petición de los abogados de Deliveroo de recabar más pruebas de que los repartidores que colaboran con ellos también trabajan para otras compañías.

 

¿Por qué salieron dos sentencias opuestas en un caso tan similar? Oscar Pierre, cofundador y consejero delegado de Glovo, apuntaba en un encuentro con los medios el pasado noviembre que la falta de jurisprudencia tenía un impacto directo sobre ello. Cabrá ver cómo evoluciona esta jurisprudencia y qué dirección toma, dado que si Glovo, Deliveroo o Uber Eats tuvieran que contratar a todos sus repartidores, quizás no les saldrían los números.

 

 

Las cartas sobre la mesa

Tras esta vorágine de actas y sentencias contrapuestas, el Gobierno decidió tomar cartas en el asunto. La investidura de Pedro Sánchez y el cambio del Ejecutivo reordenó las prioridades de la agenda política, especialmente en cuestión de empleo. El 27 de julio, apenas dos meses después del ascenso del PSOE al poder, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social dio a conocer el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020.

 

El objetivo, según consta en el plan, es “luchar contra la precariedad y mejorar la calidad del empleo y las condiciones de trabajo”. Entre las medidas propuestas se encuentran la incorporación de 833 nuevos inspectores y subinspectores (lo que representa un incremento del 23% de la plantilla).

 

El punto 4 de dicho documento aboga por “regularizar a los falsos autónomos” y las actuaciones de la Inspección de Trabajo se concreta en dos fases: la detección de posibles situaciones fraudulentas y la actuación inspectora en aquellas empresas que continúen incumpliendo la legislación.

 

“Yo no tengo nada en contra de los autónomos, pero sí en contra de esos empresarios que usan esa figura para presionar a los trabajadores con unas condiciones que, en realidad, son las de un trabajador asalariado”, explicó Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, en el momento de la presentación de este proyecto.

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