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28 Oct 202000:14

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2017, el año en que el Gobierno tendió una mano al taxi y movió ficha para regular las VTC

19 Dic 2017 — 04:49
A. Pijuán
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En los últimos doce meses, el sector más duro del gremio del taxi ha convocado hasta seis huelgas para denunciar el aluvión de licencias VTC que se está produciendo en España y presionar al Gobierno para que regule la actividad de Uber y Cabify.

2017, el año en que el Gobierno tendió una mano al taxi y movió ficha para regular las VTC

 

El contador del gremio del taxi está llegando a su límite en España. En un momento en el que los vehículos amarillos y negros se intercalan con las berlinas oscuras de Cabify o Uber en las calles de las principales capitales del mercado español, la tensión entre los dos colectivos no ha dejado de escalar en los últimos doce meses.

 

En este conflicto que ya alcanza proporciones a escala estatal, la parte más dura del gremio del taxi, liderada por Élite Taxi, ocupa un lado del ring. A su lado, Fedetaxi, que se postula en contra de la violencia en el enfrentamiento contra Uber y Cabify; el Ministerio de Fomento, con su último decreto de ley para regular las VTC, y el último en llegar, el jurista Elpidio Silva.

 

En el lado opuesto del ring se posicionan Uber y Cabify y el resto de vehículos que operan con licencias VTC, el abogado José Andrés Díez Herrera (quien logró que se suspendiera el servicio UberPop) y la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Cnmc), que recientemente ha calificado de “injustificables” las últimas medidas del Gobierno y que desde la llegada de Uber al mercado español ha criticado la situación de monopolio del taxi en España.

 

 

 

 

Fue precisamente el desembarco de Uber en el mercado español en 2014 lo que despertó el conflicto entre unos y otros. La empresa, que permitía a cualquier particular ofrecer sus servicios de conductor, actuó como un revulsivo para el gremio del taxi. En diciembre de 2014, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ordenó la supresión del servicio UberPop en todo el país, dejando vía libre a Cabify.

 

Desde entonces hasta enero de 2017, las distintas rondas de financiación de Uber y Cabify; la oposición de la Cnmc ante el monopolio del taxi y su defensa de la libre competencia en el sector y el goteo de licencias VTC que se ha ido produciendo mes a mes ha tocado su punto álgido en 2017.

 

Según los últimos datos del Ministerio de Fomento, el número de licencias VTC operativas a 1 de diciembre ascendían a 6.507, lo que supone 1.222 permisos más que el pasado enero. La aprobación de la ley ómnibus en 2009 por parte del PSOE y la tramitación del posterior decreto de ley en 2015 del Partido Popular para poner freno a la liberalización de licencias VTC dejó un vacío legal que se ha traducido en la permanente concesión de licencias.

 

 

 

 

De cara a los próximos años, se estima que los Tribunales concederán cerca de 10.000 licencias VTC más en España, un jugoso paquete que se repartirán entre Uber, Cabify y el resto de compañías que han aprovechado esta situación para dedicarse a la compraventa de este tipo de permisos. En la actualidad, una sociedad con diez licencias VTC operativa en Madrid se vende por 560.000 euros a través del portal Milanuncios, mientras que una sola licencia de este tipo alcanza los 62.000 euros.

 

Ante ello, el Ministerio de Fomento ha decidido lanzarle un órdago al taxi y tomar medidas para aliviar al sector. El pasado septiembre, el Gobierno decidió presentar un borrador de Real Decreto que contemplaba medidas como la prohibición de la transmisión de licencias VTC hasta dos años después de su adquisición (a excepción de aquellos que las hereden) o la creación de un registro electrónico público que recogiera todos los servicios operativos en España. 

 

Esta última medida, además, obligaría a Uber y Cabify a comunicar a la Dirección General de Transporte Terrestre cada viaje que fuera a llevar a cabo con anterioridad, lo que ralentizaría la recogida de pasajeros en la calle y contentaría al gremio del taxi. Durante todos estos años, una de las demandas recurrentes del sector ha sido que las empresas que operan con VTC no puedan captar clientes en la calle de forma activa, una de las prohibiciones que contempla la Ley de Ordenación de Transportes Terrestre (Lott), según Fomento.

 

 

 

 

¿Cuándo entraría en vigor las medidas del Gobierno? Las previsiones iniciales apuntaban a una posible aprobación en diciembre. Las últimas declaraciones en noviembre de Julio Gómez-Pomar, secretario de Estado de Infraestructuras de Fomento, relegan la aprobación de estas medidas a principios de 2018. La demora se debe a que se formalizarán a través de un Real Decreto de “tramitación larga”, lo que requiere información pública y dictamen del Consejo de Estado.

 

Gómez-Pomar advirtió, no obstante, que las competencias del Ejecutivo no permiten actuar contra la concesión de licencias VTC que están llevando a cabo los tribunales, a causa de la desregulación del sector entre 2009 y 2013. Según él, está “al límite de lo que puede hacer para no atentar a las normas de competencia”.

 

Ante ello, la reacción de la Cnmc no se hizo esperar. En diciembre, Competencia ha tildado de “injustificables” las medidas del Ejecutivo español al considerar que “restringen la competencia en el sector”. Desde el Tribunal Supremo tienen previsto aprobar más de 300 permisos VTC de aquí al próximo enero.

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