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19 Oct 201901:50

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2018, el año en que el Gobierno dejó en tablas a taxi y VTC

17 Dic 2018 — 05:00
Daniel López
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El Congreso de los Diputados aprobó a finales de octubre el Real Decreto-ley que limita la actividad de las empresas que operan con licencias VTC. La normativa delega la regulación de las licencias de vehículos de alquiler con conductor a las comunidades autónomas y ayuntamientos.

2018, el año en que el Gobierno dejó en tablas a taxi y VTC

 

Doce meses, una huelga que bloqueó las principales arterias de las ciudades del país y un Real Decreto que aspira a equilibrar la balanza. El taxi y el sector de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) han encarnizado su lucha en 2018 y ambas partes están a punto de concluirlo con la sensación de que la última decisión del Gobierno deja la contienda en empate. Ya lo dijo el ministro de Fomento, José Luis Ábalos: “ni los VTC ni el taxi podrán decir que han ganado”.

 

A finales de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley que permite a los ayuntamientos de cada comunidad autónoma regular las licencias de vehículos de alquiler con conductor, tanto en el número de permisos como en la normativa que deberán seguir. La medida pone en jaque la actividad de empresas como Uber y Cabify, ya que quedan totalmente a merced de la normativa local de cada comunidad.

 

Un mes después, el Congreso de los Diputados dio luz verde al Real Decreto-ley. El Gobierno prevé que en cuatro años las comunidades y las administraciones locales establezcan una licencia urbana para vehículos VTC. Hasta que llegue ese momento, los players de dicho sector podrán seguir realizando su actividad como hasta ahora.

 

 

 

 

¿Pero, qué ocurre? Que las empresas como Uber y Cabify podrán negociar con los grupos parlamentarios algunas enmiendas que pongan fin a ciertas restricciones. Ello podría desembocar en un auténtico caos normativo, dada la enorme cantidad de modificaciones que podría llevarse a cabo sobre la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (Lott). El Gobierno regulará las licencias de VTC en las autonomías que rechacen hacerse cargo de conceder estas autorizaciones.

 

Los ayuntamientos tendrán la capacidad de regular las condiciones de precontratación, solicitud de servicios, captación de clientes, recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios obligatorios y especificaciones técnicas del vehículo. Asimismo, podrán limitar las licencias VTC en su territorio, de forma que Uber o Cabify sólo puedan realizar trayectos que rebasen el territorio de un único término municipal.

 

Fomento tiene la voluntad de que las regulaciones aplicables al taxi y el arrendamiento con conductor vayan aproximándose en la medida en que ello contribuya a un tratamiento armónico de las dos modalidades de transporte de viajeros. Esa es precisamente una de las demandas de Unauto, la patronal mayoritaria de los VTC: desregular el taxi. Para la organización es necesario que los taxistas puedan ofrecer precios cerrados o trayectos compartidos.

 

 

 

 

Meses atrás, concretamente en mayo, el Congreso convalidó el real decreto ley para limitar las condiciones bajo las que operan las empresas VTC. El objetivo era mantener la limitación impuesta a la concesión de autorizaciones a este tipo de compañías con el fin de garantizar que no exista más de una licencia por cada treinta taxis; un modo de taponar el vacío legal que durante años provocó la permanente concesión de autorizaciones de VTC. El traslado del control de la emisión de licencias a las comunidades y ayuntamientos pretende asegurar el cumplimiento de dicha proporción.

 

En noviembre, el registro oficial de Fomento revelaba que el número de licencias de VTC se debería reducir en 10.270, el 82% del total, para cumplir con la exigencia de una autorización por cada treinta taxis. La cifra de licencias de este tipo de vehículos se disparó más de un 70% en los últimos seis meses, hasta 12.208 autorizaciones por 65.465 taxis.

 

 

Los taxistas tomaron las calles en 2018

La guerra entre el taxi y los VTC estalló a finales de julio. El gremio de taxistas convocó una huelga indefinida que terminó extendiéndose durante ocho días y que colapsó los núcleos de las principales capitales del país. El colectivo desconvocó la huelga tras los primeros pasos del Gobierno y las comunidades para acabar con el enfrentamiento. En ese aspecto, habilitar a las autonomías para que puedan legislar en esta materia fue una “solución jurídica rápida y sencilla”, según Ábalos.

 

Para los taxistas, el levantamiento de dicha huelga no fue más que una tregua. Han sido varias las movilizaciones convocadas posteriormente. Por ejemplo, a finales de noviembre, más de 5.000 taxistas tomaron nuevamente las calles de Madrid para exigir que la administración autonómica y municipal pusieran en marcha medidas efectivas para regular la actividad de los VTC, tal y como les permite el Real Decreto-ley. El colectivo critica la falta de acción de las administraciones después de que el Congreso convalidara la ordenanza.

 

 

 

 

El Ayuntamiento de Madrid regulará el sector VTC antes de que concluya la actual legislatura municipal el próximo mayo. Así lo aseguró este diciembre la delegada de medio ambiente y movilidad, Inés Sabanés, quien además anunció que este asunto se someterá a una consulta pública ciudadana durante un mes como paso previo a la redacción de un borrador.

 

Además, las demandas son varias. Fedetaxi, la organización mayoritaria del gremio, reclamó en noviembre al ministro de Fomento que pusiera en marcha un sistema de indemnizaciones a este gremio por la liberalización y reconversión que está registrando el sector del taxi ante la irrupción de las empresas de vehículos de alquiler con conductor.

 

La patronal pidió a Fomento que reconsiderara en la tramitación como proyecto de ley del real decreto limitar o eliminar la compensación de cuatro años concedida a las compañías VTC y que se sustituya por una indemnización a los taxistas. La organización considera que debe crearse un fondo económico de ayuda a los profesionales del sector al que contribuyan las empresas como Uber y Cabify “con una parte de sus beneficios”.

 

Por su parte, Unauto pide no ceder al “chantaje” del taxi, de acuerdo con su portavoz, Eduardo Martín. Y es que la patronal defiende que la nueva normativa no obliga a las comunidades autónomas a legislar necesariamente sobre el asunto, con lo cuál los representantes del sector VTC se muestran extrañados ante las quejas de los taxistas.

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