Estados Unidos busca evitar proceso judicial con Boeing por accidentes del 737 Max y enfrenta oposición de familias de víctimas
La administración estadounidense negocia un posible acuerdo con Boeing para evitar un proceso judicial, enfrentándose a la resistencia de las familias afectadas.
La administración de Estados Unidos está considerando alcanzar un acuerdo con Boeing para evitar un proceso judicial relacionado con los trágicos accidentes del Boeing 737 Max, aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva, según informó el Ministerio de Justicia en documentos judiciales. Las familias de las víctimas de los siniestros, ocurridos en octubre de 2018 y marzo de 2019 y que causaron la pérdida de 346 vidas, se oponen a esta medida y exigen que se inicie la audiencia judicial prevista para el 23 de junio.
Los accidentes fueron provocados por una falla en el software de asistencia que, en ciertas circunstancias, interfería de manera peligrosa en el control del avión. En su momento, Boeing evitó investigaciones penales prometiendo implementar medidas contra el fraude y estableciendo un programa ético, además de pagar una multa de 243,6 millones de dólares. Sin embargo, en 2024 la justicia dictaminó que Boeing había engañado en la certificación de los aviones y reactivó el proceso judicial.
Además, en enero de 2024 se reportó un incidente en el que una parte del fuselaje de un Boeing casi nuevo se desprendió en vuelo. Afortunadamente, gracias a las habilidades de los pilotos y a las circunstancias favorables, no hubo víctimas. Sin embargo, el Ministerio de Justicia concluyó que Boeing incumplió las condiciones del acuerdo previo y decidió reabrir la investigación.
En julio de 2024 Boeing se declaró culpable de engañar a las autoridades estadounidenses durante la certificación de sus aviones, lo que abrió la posibilidad de un nuevo acuerdo, que incluía una multa millonaria y la supervisión por parte del Departamento de Justicia. Las familias de las víctimas criticaron duramente el acuerdo y reclamaron una sanción de miles de millones, así como otras medidas punitivas. No obstante, el juez a cargo en Texas rechazó la propuesta, y la administración informó a las familias sobre las negociaciones en curso, quienes manifestaron su oposición a cancelar el proceso judicial.