GSA y OpenAI acuerdan ofrecer ChatGPT empresarial a todas las agencias federales de EE.UU. por un dólar para modernizar la administración pública

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GSA y OpenAI acuerdan ofrecer ChatGPT empresarial a todas las agencias federales de EE.UU. por un dólar para modernizar la administración pública

El acuerdo busca digitalizar y agilizar las funciones gubernamentales, pero también plantea preocupaciones sobre privacidad, seguridad y regulación en el sector público.

Descripción

La administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos llegó a un acuerdo con OpenAI para proporcionar la versión empresarial de la plataforma ChatGPT a todas las agencias federales del país, con el objetivo de modernizar sus operaciones. Bajo este acuerdo, cada agencia gubernamental tendrá acceso a la herramienta por solo 1 dólar, facilitando así la integración de la inteligencia artificial en los procesos administrativos, según anunció la Administración de Servicios Generales (GSA) en una declaración reciente. Esta iniciativa respalda la estrategia nacional de liderazgo en inteligencia artificial que la administración difundió como parte de su Plan de Acción en IA, diseñado en tres pilares.

Sin embargo, expertos y críticos advierten sobre posibles riesgos asociados a esta rápida adopción de tecnologías de IA en el sector público. Entre las principales preocupaciones se encuentran las implicaciones para la privacidad, la protección de datos, la censura, el control narrativo y la ciberseguridad. La Space Force, una rama del ejército estadounidense, suspendió en 2023 el uso de herramientas de IA generativa como ChatGPT debido a riesgos de seguridad relacionados con datos sensibles considerados críticos para la seguridad nacional. La dependencia de modelos de lenguaje extensos y proveedores de servicios de IA exige una revisión exhaustiva de los estándares de protección de datos antes de su adopción masiva en ámbitos militares y gubernamentales.

Asimismo, la participación de líderes políticos en decisiones basadas en inteligencia artificial ha generado controversia internacional. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, fue criticado tras admitir que consultó a una IA para decisiones de política pública, aunque su portavoz aclaró que no utilizó la tecnología para temas sensibles o clasificados. La creciente automatización y uso de IA en funciones gubernamentales han provocado inquietudes sobre la seguridad y la privacidad de la información, dada la naturaleza de los datos que estos modelos procesan, la mayoría procedentes de internet y conversaciones de usuarios dispuestos a colaborar.

Por otro lado, el CEO de OpenAI, Sam Altman, advirtió recientemente que las conversaciones en ChatGPT no tienen protección alguna en materia de privacidad y podrían ser utilizadas como evidencia en procedimientos legales o sometidas a búsquedas y confiscaciones por parte del gobierno, de acuerdo con la legislación vigente. Estas preocupaciones refuerzan el debate sobre la necesidad de establecer marcos regulatorios claros y efectivos antes de integrar ampliamente estas tecnologías en ámbitos de alta sensibilidad y responsabilidad institucional.