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22 Nov 201917:16

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Jarro de agua fría para el taxi y los VTC: las claves del decreto que busca zanjar el conflicto

01 Oct 2018 — 04:57
A. Pijuán
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El Real Decreto-Ley aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros pone en manos de los ayuntamientos la posibilidad de limitar las licencias VTC y decidir las condiciones de prestación del servicio de estos vehículos.

Jarro de agua fría para el taxi y los VTC: las claves del decreto que busca zanjar el conflicto

 

Un jarro de agua fría para el sector VTC y el gremio del taxi. Una de los anuncios más esperados en los últimos años no ha sentado nada bien ni a una parte ni a la otra, lo que según el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, es una señal de “racionalidad y objetividad” por parte del Gobierno. “Ni los VTC ni el taxi podrán decir que han ganado”, sentenció Ábalos.

 

El Real Decreto-Ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes ha confirmado los temores de las empresas que operan con una flota de vehículos VTC: los ayuntamientos podrán limitar los permisos y, además, decidir sobre las condiciones de prestación de su servicio.

 

“Cede claramente al chantaje del sector del taxi”, ha asegurado Unauto, la patronal de empresas de VTC y que incluye a plataformas como Uber y Cabify. Pero la propuesta de Fomento tampoco ha calmado las aguas en el gremio del taxi, sobre todo al conocerse que incluye una moratoria de cuatro años para que los propietarios de las licencias puedan amortizar sus inversiones.

 

 

 

 

El documento del Gobierno está pendiente ahora de recibir el visto bueno por parte del Congreso de los Diputados. Representantes del Partido Popular ya han expresado su rechazo al considerar que sólo “dispersa, reparte y aleja el problema”. Estas son algunas de las claves del Real Decreto-Ley que pone en jaque el negocio de Uber y Cabify en España.

 

 

Moratoria de cuatro años a modo de indemnización

Tras la entrada en vigor del Real Decreto-Ley, los propietarios de licencias VTC tendrán un plazo de cuatro años  durante el que podrán continuar prestando servicios de ámbito urbano. Podrán, además, prestar servicios sin limitación por razón de origen. La actividad de estos cuatro años deberá servir al propietario como indemnización por las inversiones realizadas en la adquisición de licencias.

 

Desde el Ministerio de Fomento han insistido en que la norma está “blindada jurídicamente” y que es “una autorización a dar un servicio, condicionada a cada momento, y sus cambios de condiciones no tienen carácter indemnizable”. De forma excepcional, se podrá solicitar una indemnización complementaria (en un plazo de tres meses tras entrar en vigor el decreto) si se consigue justificar que el plazo de cuatro años no es suficiente.  

 

 

Los ayuntamientos deciden las condiciones del servicio

“Se estima que las comunidades autónomas son las Administraciones que, teniendo en cuenta las concretas circunstancias del transporte y movilidad en su ámbito territorial, pueden precisar de forma más eficiente las condiciones de prestación del servicio de arrendamiento de vehículos con conductor”, indica el Real Decreto-Ley.

 

¿Qué factores pueden regular? Condiciones de precontratación, solicitud de servicios, captación de clientes, recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios obligatorios y especificaciones técnicas del vehículo. Desde Fomento recuerdan que estas modificaciones deberán estar orientadas a “mejorar la gestión de la movilidad interior de viajeros o a garantizar el efectivo control de las condiciones de prestación de los servicios”.

 

 

 

 

 

¿Sin Cabify y Uber en las calles a cuatro años vista?

Uno de los puntos más importantes que incluye el Real Decreto-Ley es la posibilidad de que los ayuntamientos puedan limitar las licencias VTC en su territorio. La decisión no es baladí, dado que la nueva normativa establece que “la autorización de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) de ámbito nacional habilita, exclusivamente, para realizar servicios de carácter interurbano”.

 

¿Qué quiere decir esto? Que Uber o Cabify sólo podrían realizar trayectos que rebasen el territorio de un único término municipal. Si quieren circular en el área urbana, necesitarán sí o sí el permiso de las administraciones de cada comunidad autónoma. Los servicios previamente contratados de recogida en puertos y aeropuertos o un pico de demanda podrán constituir excepciones a la regla.

 

 

 

 

 

 

Regular los VTC y ‘desregular’ el taxi

Desde Fomento insisten en que es necesario que “las regulaciones aplicables al taxi y el arrendamiento con conductor vayan aproximándose en la medida en que ello contribuya a un tratamiento armónico de las dos modalidades de transporte de viajeros en vehículos de turismo”.

 

La Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) ya animaba a eliminar los límites cuantitativos tanto en el sector del taxi como el de los VTC y suprimir la dualidad regulatoria que rige cada uno de los segmentos, tal y como consta en su Estudio sobre el sector del transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas: el taxi y los vehículos de alquiler con conductor.

 

Las propuestas de la Autoridad Catalana de Competencia giran en torno a cinco puntos: la flexibilidad de las tarifas, el establecimiento de requisitos de seguridad y calidad, la flexibilización de los calendarios y jornadas del servicio del taxi, los límites geográficos y la posibilidad de compartir servicios. Desde el Gobierno también dejan caer que sería aconsejable que, en paralelo, “se avanzase en la revisión de aquellas normas aplicables al sector del taxi que entrañan rigideces que dificulten su competitividad”.

 

 

 

 

Sanciones y un subgrupo de trabajo específico

En un plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley, el Gobierno presentará a las Cortes Generales un proyecto de ley de modificación del régimen de infracciones y sanciones. “La reforma deberá adecuar el régimen sancionador a las condiciones de prestación de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor establecidas en este Real Decreto-Ley y podrá incrementar las sanciones previstas”, indica el documento.

 

Por otro lado, se creará un subgrupo de trabajo específico dependiente de la Comisión de Directores Generales de Transporte para buscar soluciones “que faciliten una convivencia ordenada entre ambas formas de movilidad y avanzar en la mejora de la experiencia del usuario en ambos sectores”.

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