La Cnmc multa con 29,9 millones a once compañías por cártel en servicios informáticos

Golpe de Competencia. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Cnmc) ha impuesto un conjunto de multas que en total suman 29,9 millones de euros a once empresas por crear un cártel en el suministro de servicios de informática y tratamiento de datos a la Administración Pública, según ha informado el organismo en un comunicado.

La trama empresarial se repartió durante un periodo de quince años los clientes, pactó los precios y las condiciones comerciales e intercambió información comercial sensible con el fin de encarecer la contratación pública de servicios informáticos.

En concreto, las compañías sancionadas son Indra Sistemas, con 13,5 millones de euros; SAG España, con seis millones; Atos Spain, con cinco millones; Connectis ICT Services, con 1,8 millones; IBM, con 940.000 euros; Everis Spain, con 800.000 euros; Babel Sistemas de Información, con 633.917 euros; Cibernos Consulting, con 616.038 euros; Gesein, con 320.969 euros; Accenture, con 300.000 euros, y Next Computer Services, con 46.760 euros.

Indra, Atos, IBM y Everis, entre otras, se han visto involucradas en la trama empresarial

Las empresas involucradas operaban en todo el territorio nacional ofreciendo servicios de informática y de tratamiento de datos, desde consultores en la instalación de equipos informáticos y aplicación de programas, hasta servicios de preparación de datos para su tratamiento y servicios de bases de datos. Entre los organismos afectados por el fraude se encuentran la Agencia Tributaria, la gerencia informática de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo (Sepe), entre otros.

Las conductas ilícitas afectaban a los procedimientos de contratación, los cuáles se realizaban, por ejemplo, mediante la creación de Utes (uniones temporales de empresas) de carácter instrumental y la subcontratación preferente de determinadas empresas a las que se aseguraba un porcentaje de facturación y unas condiciones más ventajosas que otras compañías subcontratadas. Todo ello a cambio de que estas no participaran en ofertas alternativas a la licitación.

La Cnmc, que inició las investigaciones pertinentes tras recibir una denuncia en marzo de 2015, ha destacado que se trata del primer caso resuelto gracias a la campaña contra el fraude en la contratación pública que lanzó hace año y medio.