OpenAI modifica su política de conservación de conversaciones debido a orden judicial en medio de disputa legal con The New York Times
OpenAI modifica su política de conservación de datos tras una orden judicial, en medio de una disputa legal que genera preocupaciones sobre la privacidad de los usuarios.
Con la creciente popularidad de los chatbots, la preocupación por la protección de la privacidad de la ciudadanía se ha intensificado. Anteriormente, OpenAI aseguraba eliminar las conversaciones con ChatGPT después de 30 días, una práctica destinada a garantizar la confidencialidad de los datos. Sin embargo, debido a una orden judicial, la compañía está ahora obligada a conservar estas conversaciones de manera indefinida, lo que genera inquietudes sobre la privacidad y la confianza de millones de usuarios.
Esta modificación en la política de OpenAI se produce en medio de una disputa legal con The New York Times, que ha presentado una demanda contra la compañía por utilizar sus artículos para entrenar su inteligencia artificial. La ley vigente en Estados Unidos podría incentivar a OpenAI a conservar las conversaciones por más tiempo, ya que la orden judicial impide eliminar cualquier evidencia digital relacionada con este caso, afectando la capacidad de borrar datos a petición del usuario.
La decisión judicial busca evitar que OpenAI destruya pruebas que puedan ser relevantes en la disputa legal con el periódico. Como respuesta, Sam Altman, director de OpenAI, ha expresado en Twitter que esta práctica puede afectar negativamente la confianza de la ciudadanía y su percepción sobre la protección de datos. Además, ha señalado que, en caso de que la orden permanezca vigente, la compañía implementará medidas adicionales para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información de los usuarios de ChatGPT.
Este cambio en el manejo de datos plantea un escenario complejo para la privacidad digital, ya que podría limitar la capacidad de la ciudadanía para controlar y borrar sus conversaciones. Mientras OpenAI apela la orden judicial, la situación refleja las tensiones entre la regulación legal, la protección de datos y el desarrollo tecnológico en el ámbito de la inteligencia artificial.