OpenAI solicita anular orden judicial para entregar 20 millones de conversaciones de ChatGPT por riesgos a la privacidad
OpenAI busca frenar la entrega masiva de conversaciones, alegando riesgos para la privacidad y proponiendo un método más selectivo para la selección de datos.
OpenAI ha solicitado ante un tribunal federal en Nueva York la anulación de la orden que le exige entregar 20 millones de conversaciones de ChatGPT a los fiscales y a The New York Times, argumentando que la orden es excesivamente amplia y pone en riesgo la privacidad de los usuarios. La compañía sostiene que estos registros corresponden a transcripciones completas, con preguntas y respuestas en secuencia, y que su divulgación representaría un riesgo mucho mayor para la privacidad que la entrega de fragmentos de prompts aislados. Además, OpenAI asegura que más del 99,99% de esas conversaciones no están relacionadas con la demanda en curso.
OpenAI propone que los fiscales adopten un método de búsqueda basado en la relevancia de los datos en lugar de recibir un conjunto tan extenso. La empresa también destacó que el muestreo de conversaciones, que abarca desde diciembre de 2022 hasta noviembre de 2024, se encuentra en un sistema protegido bajo un régimen de «suspensión legal» (legal hold), lo que implica que ningún empleado puede acceder a esos datos excepto para los fines del proceso judicial. La compañía argumenta que esta protección es suficiente para garantizar la privacidad de los usuarios.
Por su parte, The New York Times niega que exista un riesgo para la privacidad y afirma que las conversaciones ya han sido anonimizadas y están bajo un sistema judicial confidencial. La publicación rechaza también las acusaciones de OpenAI sobre manipulación de la narrativa, señalando que la orden judicial fue dictada en base a conversaciones ya anonimizadas, en un marco de confidencialidad estricta.
La jueza Ona Wang resolvió en noviembre de 2025 que era apropiado entregar las 20 millones de conversaciones, considerando que el sistema utilizado para la recopilación respetaba la protección de datos y que, en comparación con casos anteriores como el de Anthropica, la medida era necesaria. La decisión se fundamentó en que la muestra incluía periodos desde diciembre de 2022 hasta noviembre de 2024, en un sistema que mantenía las conversaciones en un estado de «reserva legal».
El caso podría sentar precedentes importantes en ámbitos relacionados con la privacidad, los derechos de la ciudadanía y las limitaciones en el desarrollo de inteligencia artificial generativa. Además, pone en evidencia para quienes usan ChatGPT que sus conversaciones, aunque consideradas privadas, podrían ser utilizadas en procesos judiciales en el futuro, generando un debate sobre la protección de datos en la era digital.