La Unión Europea aprueba regulación TTPW-VO para incrementar transparencia en publicidad política en internet
La nueva normativa de la UE busca garantizar mayor transparencia y control en la publicidad política digital, enfrentándose a desafíos en su implementación.
La Unión Europea ha aprobado la regulación TTPW-VO, que establece reglas más estrictas para la publicidad política en internet y complementa el Digital Services Act. Esta normativa busca limitar la manipulación mediante publicidad personalizada, exigiendo mayor transparencia y prohibiendo el uso de datos sensibles, así como de menores de edad. Las plataformas digitales deberán revelar quién financia, controla e invierte en cada campaña, además de identificar los datos utilizados para el targeteo publicitario.
Un aspecto destacado es la implementación de un sistema de consentimiento explícito, conocido como opt-in, para el uso de datos sensibles en publicidad política, incluyendo información sobre salud, orientación política o datos relativos a menores. Sólo si la persona ha dado su consentimiento claro podrá emplearse dicha información. Además, la normativa prohíbe la utilización de estos datos sin autorización expresa.
La regulación también exige que las plataformas midan, divulguen y respondan a reportes sobre anuncios políticos, especialmente en el periodo próximo a unas elecciones. Cada anuncio debe indicar quién lo financia, quién lo controla y cuánto dinero se ha invertido. Si la información es incompleta o contradictoria, la ciudadanía podrá denunciar estos contenidos, y las plataformas deberán responder en un máximo de 48 horas durante los 30 días previos a los comicios.
Expertos como la abogada Jessica Flint señalan que grandes plataformas como Meta y Google han mostrado resistencia a estas normas, posiblemente por temor a sanciones o por interés en probar límites, como ya ocurrió con el Digital Services Act. Pese a las advertencias y requerimientos, muchas plataformas aún no han implementado acciones contundentes, y las sanciones no se han aplicado en gran medida.
Un fenómeno potenciado por estas plataformas es el uso de algoritmos para segmentar y amplificar mensajes políticos, algo que, según Flint, favorece a partidos con mayores recursos o que emplean estrategias algorítmicas para llegar a públicos específicos. En países donde la publicidad política está restringida al periodo electoral o prohibida fuera de campaña, los algoritmos siguen permitiendo que ciertos contenidos lleguen de forma no regulada, afectando la equidad y la transparencia del proceso democrático.
Por otro lado, la especialista en protección de datos Meike Kamp destacó que la regulación TTPW-VO representa una lex specialis respecto a la GDPR, estableciendo reglas específicas para el uso de datos en publicidad política, como la autorización previa por parte del usuario y mayores obligaciones de transparencia y documentación. Además, las plataformas deberán facilitar el acceso a datos internos a investigadores científicos, permitiendo un mejor análisis de los mecanismos algorítmicos y su impacto en la opinión pública.
Finalmente, Kamp mencionó que la creciente tendencia a utilizar influencers para difundir mensajes políticos, siempre que exista compensación económica, también estará sujeta a regulación bajo esta normativa. Casos como el del youtuber Rezo, que realizó críticas a la CDU sin fines comerciales, no entrarían en la categoría de publicidad política según la regulación, considerándose expresiones de libertad de expresión.
En definitiva, la UE sostiene que las normativas existentes son suficientes para controlar las plataformas, pero la clave está en su efectiva aplicación. La regulación busca fortalecer la transparencia y garantizar que la campaña política en línea sea más justa y democrática.