El uso de inteligencia artificial en procesos legales crece entre litigantes particulares, con casos como el de Lynn White que logra revertir un desalojo sin asistencia profesional

Cada vez más personas utilizan IA para abordar casos legales, logrando resultados sorprendentes sin asesoría profesional, pero con riesgos evidentes.

En los últimos meses, un número creciente de personas que enfrentan casos legales ha comenzado a usar herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT y Perplexity para investigar, redactar documentos, detectar errores y presentar recursos en sus propios procesos judiciales. Sin contar con asesoría legal profesional ni recursos económicos para contratar abogados, estos litigantes están logrando resultados sorprendentes, como Lynn White, quien pudo revertir una orden de desalojo en Long Beach, California, ahorrando más de 73.000 $ en multas y rentas atrasadas mediante el uso de IA.

White, que inicialmente utilizó las versiones gratuitas de ChatGPT y Perplexity, decidió pagar por las versiones premium para reforzar su investigación. Gracias a estas herramientas, pudo identificar errores en las decisiones del juez, investigar leyes aplicables y redactar respuestas, logrando que su caso fuera favorable y evitando su desalojo. Ella afirma que sin la ayuda de la inteligencia artificial no habría podido ganar la apelación.

Este fenómeno ha provocado un incremento en el número de litigantes que se representan a sí mismos en los tribunales, apoyados en estos sistemas de IA, lo que lleva a un uso más autónomo de la justicia por parte de la ciudadanía. Sin embargo, abogados y expertos advierten sobre el uso indiscriminado y sin supervisión de estas herramientas, ya que se han reportado múltiples casos de errores graves, incluyendo citas ficticias, información falsa y malinterpretaciones, que en algunos casos han resultado en sanciones económicas elevadas y pérdida de credibilidad.

Las principales compañías responsables de estas tecnologías, como Google y xAI, señalan en sus términos de servicio que sus productos no deben usarse para asesoría profesional legal, médica o financiera. Sin embargo, en la práctica, muchas IA ofrecen respuestas en estos ámbitos sin advertencias suficientes sobre su posible inexactitud. Expertos y abogados coinciden en que el uso incorrecto puede ocasionar errores costosos, como en el caso del empresario Jack Owoc, sancionado por presentar un documento con 11 citas falsas generadas por IA en un proceso que le costó 311 millones de dólares.

Además, el fenómeno ha llevado a que tribunales en Estados Unidos y otros países comiencen a sancionar a litigantes que presentan documentación con información fabricada o malinterpretada por la IA. Casos documentados en una base de datos indican que estas «alucinaciones» del sistema —como citar fallidamente decisiones jurídicas inexistentes— son cada vez más frecuentes, especialmente entre litigantes sin asesoría legal especializada.

El uso de IA también ha generado errores en las citaciones y en la interpretación de la ley, lo que ha llevado a sanciones y amonestaciones judiciales. Sin embargo, algunos usuarios como Earl Takefman, que inicialmente utilizó ChatGPT sin verificar adecuadamente la información, han aprendido la importancia de corroborar datos con otras fuentes, incluyendo búsquedas en Google, para evitar sanciones o decisiones erróneas en sus procesos.

Organizaciones de asistencia legal y universidades están comenzando a ofrecer capacitaciones para que los usuarios aprendan a emplear estas herramientas de forma responsable, verificando la información y evitando dependencias totales. Algunos profesionales ven en estas tecnologías un gran potencial para democratizar el acceso a la justicia, especialmente en casos menores o en tribunales de pequeñas causas, siempre que se usen con cautela y supervisión.

Mientras tanto, en el ámbito legal se insiste en que estos sistemas no sustituyen la expertise de abogados y que su uso requiere un conocimiento profundo y una revisión minuciosa para evitar consecuencias adversas. La tendencia muestra que la inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa si se respetan su funcionamiento y limitaciones, permitiendo a quienes no tienen acceso a la asesoría legal tradicional experimentar una especie de «igualdad de armas» en la búsqueda de justicia.