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El diario del negocio digital y las tecnologías del futuro

18 Sep 201901:53

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2018, el año en que las ‘start ups’ aterrizaron en la agenda del Gobierno

20 Dic 2018 — 05:00
A. Pijuán
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Adaptar el marco legal para que se reconozca la singularidad de las start ups, crear una red conectada de aceleradoras e incubadoras para atraer a los inversores, o desarrollar el talento femenino son algunos de los puntos clave de la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez.

2018, el año en que las ‘start ups’ aterrizaron en la agenda del Gobierno

 

“Quiero que Francia sea una nación de start ups”, aseguraba un joven y confiado Emmanuel Macron en junio de 2017 en el marco del Viva Technology en París. Más de un año después, Pedro Sánchez, con cuatro meses como presidente de España a sus espaldas, se apropiaba del término start up nation para convencer a las empresas emergentes del país de que tienen su propio hueco en la agenda del Gobierno español.

 

Sánchez aprovechó el pasado octubre la clausura del South Summit para hacer un llamamiento a las start ups del país. “Tengo la sensación de que la gente que se mueve en el mundo de las start ups nos veis como algo ajeno, como un obstáculo, en lugar de un actor cooperativo con vuestro desempeño”, expuso el presidente de España en referencia al Gobierno.

 

Con este empeño de intentar tender un puente entre la Administración y el ecosistema de start ups de España (según los últimos datos de Startupxplore están operativas unas 3.415 empresas), Sánchez presentó una serie de propuestas encaminadas a potenciar el negocio digital.


 

 

 

En primer lugar, adaptar el marco legal para que se reconozca la singularidad de las start ups. “Se debe reconocer desde el punto de vista jurídico las especificaciones de estas empresas y, al mismo tiempo, potenciar la inversión en I+D+i a través de incentivos fiscales en el Impuesto de Sociedades”, expuso el presidente.

 

A finales de 2018, el Gobierno inició el procedimiento legislativo para avanzar en un marco normativo para las start upsEste se traduce en un anteproyecto de ley para el fomento de las start ups que forma parte de la Estrategia para una Nación Emprendedora (ENE). El Ejecutivo central ha abierto un periodo de consulta abierto a ciudadanos y entidades hasta el 25 de enero para recabar las principales consideraciones respecto a temas como la regulación o la fiscalidad.

 

“Es notorio que existe una fuerte competencia internacional para favorecer la creación de start ups y atraer talento e inversiones -recoge el documento del Gobierno-; para no quedarse atrás, es fundamental que España acometa cuanto antes las reformas necesarias para implantar las medidas apropiadas de impulso de este sector”.

 

 

 

 

En la consulta pública, el Gobierno medirá el ánimo del sector start up con preguntas sobre las barreras legales, administrativas o de financiación, el marco regulatorio de la financiación participativa (crowdfunding) o los requisitos organizativos, laborales, técnicos y de inversión que habrá de cumplir una sociedad de capital para ser considerada una start up.

 

En los últimos años, una de las principales demandas del ecosistema de start ups (incluyendo empresas e inversores) ha sido la reducción de la burocracia en el país, que a día de hoy emerge como un lastre a la hora de captar financiación.

 

La apuesta por una mayor inversión en I+D+i, por otro lado, tiene como objetivo que “un mayor número de big corporates perciban a las start ups como vehículos de innovación desde fuera hacia dentro”. En los últimos meses se ha producido un acercamiento entre las grandes empresas y las start ups del país, lo que se ha visto traducido en iniciativas como Start4big, respaldada por de Telefónica, Caixabank, Naturgy, Seat y Aigües de Barcelona.

 

 

 

 

En términos de I+D+i, el Consejo de Ministros aprobó una partida de más de cien millones de euros destinada, sobre todo, a recuperar personal cualificado para actividades de investigación, desarrollo e innovación y ciencia a través de contratos como los Ramón y Cajal o los Juan de la Cierva.

 

El segundo asunto que expuso Sánchez durante su intervención fue la necesidad de “crear una red conectada de aceleradoras e incubadoras”, con la intención de mejorar la conectividad entre las mismas. En el último año, el país ha sumado 149 aceleradoras y 99 incubadoras más, siempre según los datos de Startupxplore. Ello supone un incremento del 1,7% y del 0,1%, respectivamente.

 

Tender la mano a las start ups y convertir España en una ‘nación start up’ supone también “potenciar encuentros nacionales e internacionales sobre emprendimiento”. Más allá del South Summit, en España se producen una serie de encuentros como el 4YFN (que se celebra en paralelo al Mobile World Congress) o Startup Olé, entre muchos otros.

 

 

 

 

El presidente de España hizo también un llamamiento a impulsar una transformación inclusiva y una conectividad accesible a través de una potente cobertura mediante el 5G. En julio, el Gobierno llevó a cabo la subasta de espectro para el 5G por más de 437 millones de euros. En una subasta de varios días, Vodafone terminó desembolsando 198,1 millones de euros por 90 MHz de espectro; Orange pagó 132 millones por 60MHz y Telefónica invirtió 107,4 millones por 50MHz.

 

Por último, Sánchez incidió en “desarrollar, atraer y retener el talento de las mujeres”. La presencia femenina en el negocio español digital es aún minoritaria: menos del 16% de los profesionales del sector Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son mujeres, según los últimos datos de Women in Digital Index 2018, elaborado por la Comisión Europea.

 

“Debemos desbloquear completamente el potencial de las mujeres para impulsar la economía digital”, aseguraba en noviembre la comisaria de Economía y Sociedad Digitales de la UE, Mariya Gabriel. ¿Quién debe actuar como motor de cambio en este caso? “Gobiernos, empresas, educadores y sociedad civil deben tomar medidas decisivas para cambiar esta tendencia”, según la representante de la Unión Europea.

 

 

‘Tasa Google’: 1.200 millones de recaudación

Otra de las propuestas del Gobierno que impactarán de lleno en el negocio digital es la aplicación del impuesto a las tecnológicas, conocida popularmente como la tasa Google. El tributo, que previsiblemente se aprobará entre finales de 2018 e inicios de 2019, gravará el 3% de los servicios de publicidad online, servicios de intermediación online y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.

 

El objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez es recaudar hasta 1.200 millones de euros al año, muy lejos de los objetivos marcados por Francia o Reino Unido. El impuesto se aplicará sobre aquellas empresas que tengan una facturación anual de, como mínimo, 750 millones de euros en todo el mundo, y de más tres millones en España. El Ejecutivo sacará adelante el proyecto de ley para la creación del nuevo impuesto pese a que no hay consenso ni en el ámbito europeo ni en el global.

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