Empresas tecnológicas negocian acuerdos con EE. UU. para vender chips en China a cambio de impuestos y posibles implicaciones legales
Empresas tecnológicas negocian acuerdos inéditos con EE. UU. para vender chips en China, generando debate sobre legalidad y posibles implicaciones económicas.
Recientemente, las principales empresas tecnológicas han alcanzado una serie de acuerdos sin precedentes con la administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos. Entre ellos, se confirmó que Nvidia y AMD podrán vender chips avanzados a China a cambio de que el gobierno estadounidense reciba un 15% de los ingresos generados por esas ventas en el país asiático. Este acuerdo ha provocado un intenso debate sobre su legalidad, con algunos expertos considerándolo una forma de impuesto o incluso extorsión, mientras que otros señalan que aún se está definiendo el marco legal que lo respalda.
Por su parte, el CEO de Apple, Tim Cook, anunció planes para aumentar la inversión de la compañía en Estados Unidos a 600.000 millones de dólares en los próximos cuatro años. Esta estrategia parece orientada a evitar los aranceles que el gobierno de Trump planeaba imponer sobre las importaciones de chips, especialmente tras el anuncio de una tarifa del 100% sobre los semiconductores, con excepción para aquellas empresas que produzcan en EE. UU. Apple, que utiliza cientos de chips en sus dispositivos y ya soportó costes adicionales por 800 millones de dólares en aranceles en el último trimestre, se encuentra en una posición vulnerable frente a estas medidas.
El acuerdo de Nvidia y AMD también ha suscitado un debate sobre su impacto en sus negocios y la posible extensión a otras empresas. Algunos analistas califican la medida como una forma de «extorsión» y consideran que podría ser inconstitucional, comparándola incluso con un impuesto a las exportaciones. Además, existe incertidumbre sobre si estos chips representan una amenaza para la seguridad nacional, lo que añade un nivel de complejidad a la situación.
Expertos en la materia han señalado que este tipo de acuerdos, que implican que las empresas paguen un porcentaje de sus ingresos en China, son poco habituales y podrían sentar un precedente que afecte la estabilidad y el ritmo de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Algunos analistas temen que decisiones gubernamentales de esta índole puedan ser arbitrarias, generando inquietud entre inversores que se preguntan si estos movimientos reflejan una tendencia política fluctuante o una estrategia consolidada.
De cara al futuro, la situación presenta varias incógnitas, como si estas negociaciones y acuerdos podrán extenderse a otras industrias o si la política cambiará en función de los cambios en el gobierno. La expectativa es que el escenario evolucione según la dinámica entre las prioridades de seguridad nacional, las presiones económicas y las negociaciones internacionales, manteniendo una incertidumbre que preocupa a inversores y empresas por igual.